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MÉXICO Y SU MAYOR ADVERSIDAD: SER VECINO DE LOS EEUU

Fragmento del artículo elaborado por Ana Esther Ceceña y David Barrios cuyo título es:

MÉXICO: Y CUANDO VOLVIÓ LA LUZ QUEDABAN SÓLO PEDAZOS
                                     
                                           
México: el aliado incondicional

Después de ser el primer país de América Latina (1994) en incorporarse a un bloque económico regional (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en condiciones de total desventaja, México, en 2005, adhiere al primer bloque regional de seguridad (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) mediante un acuerdo marco casi inespecífico, que iría siendo dotado de contenido atendiendo a las circunstancias.

Simultáneamente a la firma de estos acuerdos, a México le toca la distinción de entrar a formar parte del área a cargo del Comando Norte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en ocasión de la reorganización ocurrida en secuela de los acontecimientos de las torres gemelas. El Northcom, que cuida la seguridad interna de Estados Unidos, extendió sus fronteras abarcando Canadá y México, en razón de las amplias líneas fronterizas que comparten.

Así el México pacifista de la autodeterminación y de la no injerencia empezó a realizar ejercicios militares navales con el Comando Sur y a tener intercambios y entrenamientos en el marco de las actividades del Comando Norte.

Poco a poco, todo el funcionamiento de la Nación se fue adecuando a las normas regionales, manteniendo siempre la distancia en salarios y la permisividad para los capitales foráneos en el territorio mexicano, pero conservando las brechas que hicieron apetecible el agrupamiento regional.

Desde la constitución de la Nación, nunca la soberanía se había encontrado en las condiciones de fragilidad con las que abre el 2014. Nunca el país había estado tan desatado. Nunca se había tenido una situación de inmoralidad, corrupción, saqueo y violencia generalizada como la que se vive en este momento.

México ha transitado hacia un estado de impunidad en el que se han desatendido las reglas mínimas de convivencia social: Con un poder legislativo que sesiona amurallado por vallas de metal y de policías para impedir que cualquiera de los supuestos representados pudiera acercarse a ver cómo se decide su futuro, crecientemente a contrapelo del clamor popular; con un poder judicial que rara vez, y después de mucha presión, tiene un fallo justo; y con un poder ejecutivo vocero de las grandes corporaciones y de los altos intereses de Washington. Tanto, que resulta difícil no evocar las burdas y brutales imágenes de las dictaduras militares o civiles de nuestro Sur.

Lo que 30 años de neoliberalismo, el TLCAN o la ASPAN no lograron, fue consumado por el estado de impunidad en solamente unos meses: el petróleo del pueblo de México se ha puesto a disposición del mejor postor, ha dejado de ser el “patrimonio de la Nación”.

La construcción del Estado de impunidad mexicano y las  autodefensas

México es uno de los países que tuvo durante el siglo XX una de las construcciones estatales más completas de la región, con la edificación parcial de un amplio sistema de seguridad social así como importantes obras en infraestructura en educación, salud y transportes. Parte de ello fue la expropiación petrolera de manos de compañías privadas para elevarlo al rango de bien estratégico de la Nación.

En los últimos 30 años, que coinciden con la puesta en marcha del proyecto político y económico del neoliberalismo, dicha construcción ha sido desmantelada casi en su totalidad. Si bien es cierto que en todo momento hubo sectores ausentes del proyecto de país (de manera acusada los pueblos indios), durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y hasta los años ochenta, una gran porción de la sociedad incorporada al ámbito laboral gozó de derechos sociales conquistados por luchas históricas, reconocidas institucionalmente. La mayor fue la Revolución Mexicana, de la que emanó una Carta Magna que reconocía la propiedad colectiva, entre otros.

El estado del México posrevolucionario, que incluso fue tratado de replicar en otros lugares de la región, tenía como contracara una peculiar manera de hacer presencia en diversos espacios de la vida social. El sindicalismo, el orden familiar, la educación, los medios de comunicación, entre otros ámbitos seguían de manera irrestricta las directrices de un eficaz aparato ideológico y represivo.

Al mismo tiempo que México mantenía excelentes relaciones diplomáticas con Cuba; se constituía en lugar privilegiado de refugio para los exiliados políticos del Cono Sur y albergaba negociaciones de paz entre distintas fuerzas revolucionarias y los gobiernos de sus países; en México había un proceso silencioso de represión que incluyó la llamada “guerra sucia” contra movimientos armados, campesinos y sindicales y centenares de asesinatos de activistas, desapariciones forzadas y personas encarceladas por motivos políticos. Tres episodios críticos de conocimiento público fueron la masacre de los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y las estudiantiles de octubre de 1968 y junio de 1971. Y todo esto ocurrió siempre en un estado de paz.

Un matiz que es oportuno establecer es que una de las más caras y perversas cualidades de este régimen residió en su capacidad para hacer funcionales y controlar sectores e instancias de mediación social estratégicas a nivel nacional y regional. Esta habilidad política no se expresaba en el control absoluto de la vida social, sino en la cooptación y manejo de las instancias sociales que funcionaban como articuladoras de la vida nacional. Esto se hizo manifiesto no sólo a nivel federal, sino también en las distintas regiones políticas que configuran al Estado mexicano. En cada una de las escalas había una misma lógica que se expresaba en el control de diversos ámbitos (en algunas ocasiones o geografías se controlaba el aparato productivo, en otras las organizaciones populares, los medios de comunicación…). La eficacia del gobierno no residía entonces en una verticalidad absoluta, sino en una compleja red de poderes que funcionaban bajo la lógica de controlar las prácticas y espacios sociales estratégicos.

Será a comienzos de la década de los años ochenta que comienza un proceso de transformación que, como ocurriría en diversas partes del mundo, incluía un discreto proceso de apertura política, acompañado de uno voraz en el ámbito de la economía. De esta manera inició un violento proceso de privatizaciones y reformas a la Constitución, que culminaron en la firma del TLC en 1992 (entró en vigor en 1994) y ahora en las privatizaciones de todo lo que restaba dentro del marco de los bienes estratégicos de la Nación.

Los engranes del viraje

Cambios tan profundos en una sociedad como la mexicana no podían ser realizados sin la aplicación de dispositivos de control social que pudieran neutralizar las posibles respuestas.

Esto fue evidente en el momento en que la entrada en vigor del TLCAN fue acompañada del estallido social de mayor envergadura desde las revueltas del 68. El telón cayó y en el México que preparaba su entrada en el primer mundo aparecían los verdaderos integrantes del pueblo: con fusiles de madera y cuerpos forjados en el maltrato:  un ejército maya recorría las calles mestizas de Chiapas repudiando el TLCAN y proponiendo una guerra contra los vendepatrias.



El impacto fue definitivo y el zapatismo se convirtió casi instantáneamente en una enorme fuerza política, pesando en contra de las reformas todavía no consumadas que, después de una cuidadosa ingeniería de la descomposición, acaban de ser aprobadas 20 años después.

Si en 2005 se firmó la ASPAN, desde ahí fue generándose, en acuerdo con Estados Unidos, una política de securitización cuyo primer paso fue el involucramiento del ejército en labores de seguridad interna. A la par de un clima crecientemente represivo en contextos de movilización y protesta social, se prefigura uno de los ingredientes principales de esta política: la construcción de un enemigo interno, que en este caso fue identificado públicamente con el narcotráfico.

De esta manera los primeros atisbos de una nueva estrategia de lucha contra el llamado “crimen organizado” se remonta a los últimos años de la gestión de Vicente Fox, coincidentes con la firma de la ASPAN, en los cuales se desplegaron operativos policiacos y militares en las regiones más relacionadas con la acción de los cárteles.

Sin embargo, es en 2006, después de un fraude electoral flagrante en unas elecciones muy concurridas, que inicia realmente el proyecto de instalación de la guerra en México que en 2007 tomará el nombre de Iniciativa Mérida.

Felipe Calderón, a quien se la he intentado hacer un juicio por genocidio, optó por desplegar miles de efectivos militares en distintos puntos del país usando como pretexto un relativo incremento en los asesinatos vinculados con la disputa de los cárteles de la droga por las rutas y mercados del país.

Aun cuando hubo sectores seducidos por la retórica bélica instaurada por el gobierno federal, el incremento exponencial de los asesinatos, aunado a la violación de las garantías de la población por parte de los militares y policías, propició diversas protestas en la geografía del país. En estos años, México incorporó a la cotidianidad, no sólo el asesinato sistemático de personas, sino formas de violencia antes prácticamente inexistentes como masacres, colocación de explosivos en el espacio público, cuerpos calcinados, decapitados y mutilados que aparecían diariamente en todo el territorio nacional.

La llamada guerra contra el narcotráfico ha incrementado y visibilizado la presencia de efectivos norteamericanos en suelo mexicano. Como ejemplo de ello podemos señalar la implementación de la Operación Rápido y Furioso, a través de la cual desde Estados Unidos fueron ingresadas de manera ilegal alrededor de 2 mil armas que posteriormente serían utilizadas en diversos actos de violencia por el denominado “crimen organizado”.

El objetivo declarado de los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, encargados de la operación, era rastrear a los vendedores y compradores que no encontraron, sorprendiendo con tal grado de ¿ineficiencia?.

La situación de guerra que aqueja al país desde 2006 ha dejado un saldo de personas asesinadas que, a pesar de las cifras distintas de las fuentes que hacen el seguimiento de datos, se coincide en que sobrepasa los 100 mil decesos. La cifra oficial de asesinatos es de 94 mil 249 de diciembre de 2006 a diciembre de 2011 (INEGI, 2012). Las cifras de desplazados oscilan entre 780 mil y 1 millón 648 mil (Parametría, 2011) aunque otras fuentes registran solamente 250 mil (Sanjuana Martínez). El secuestro de migrantes se estima en alrededor de 10-12 mil al año (CNDH, 2011) y los desaparecidos ascienden a alrededor de 50 mil.

Una depredación social de enormes dimensiones si pensamos que la dictadura argentina de los setenta arrojó una cifra de 30 mil muertos.

La llamada guerra contra el narco o guerra contra el crimen organizado impulsada desde 2006 instituyó como política de estado la persecución y eliminación de lo que se identificaba como el enemigo interno.

Esto significa que gran parte de esos asesinatos deben ser atribuidos a las fuerzas de seguridad del estado. Miles de policías y militares mexicanos (se contabilizaban 7 mil en 2011) han sido entrenados por sus pares colombianos siendo en parte financiadas estas actividades por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida.

La estimación es que Colombia ha entrenado cerca de 13 mil personas desde 2005 como parte de su política de “exportación de seguridad” que se dirige hacia Centroamérica y algunos otros países pero, de acuerdo con los datos, especialmente a México (Isaacson, 2014). Los vínculos entre Colombia y México nunca habían sido tan fuertes como a partir de 2007 en que se echó a andar el Plan México, llamado Iniciativa Mérida.

En el ámbito de la seguridad se han creado, entre otros, diversos mecanismos de asesoría y colaboración como el Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia (GANSJ) o el Comité Colombia – México de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Y como indicador de toda evidencia Enrique Peña Nieto, actual Presidente, nombró al general colombiano retirado Óscar Naranjo, [2] cuyo destacado papel en la guerra en Colombia es de todos conocido, asesor en materia de seguridad.

En una década la sociedad mexicana ha sufrido una transformación brutal. La impunidad y la violencia generalizada han alterado las reglas de socialidad previas, construidas a lo largo de todo el siglo XX. El tejido social ha sido destruido y la moralidad social entró en un estado de esquizofrenia.

Evidentemente no sólo fue la violencia armada; la violencia económica promovida por el neoliberalismo preparó el terreno de una descomposición muy profunda. Los datos oficiales, generalmente moderados, identifican que 53.3 millones de mexicanos y mexicanas (de un total de 112) viven en situación de pobreza; de éstos, aproximadamente la mitad se encuentran en pobreza extrema.

En el curso de una generación ese país que fue paradigma de estabilidad y control político sutil se transformó en un infierno social que publicitariamente se atribuye a las actividades del crimen organizado pero que en verdad fue promovido desde el estado, sin quitarle responsabilidad al crimen organizado. En el México de hoy hay una clara imbricación entre economía ilegal y política; entre negocios y crímenes; y entre corrupción, colusión y legalidad.

¿Por qué un estado de impunidad?

Desde que se firmó el TLCAN la pretensión de Estados Unidos era incluir el petróleo como parte de las negociaciones.



México es un país muy rico, empezando por su diversidad en variedades de maíz, en lenguas y culturas indígenas, por sus selvas, ya diezmadas pero con gran cantidad de especies endémicas; por sus trabajadores, que cobran salarios 10 veces menores que los de Estados Unidos en promedio. La riqueza minera es otro elemento de relevancia, que colocó a México como centro de actividades económicas en la colonia, junto con Perú; y sin duda los yacimientos de petróleo, gas, e incluso uranio.

La voracidad con que el capitalismo contemporáneo ha emprendido el saqueo de la naturaleza hace que la importancia de la conformación física del territorio sea un atractivo privilegiado. Según datos recientes, que constituyen un llamado de alerta sobre las dimensiones de la extracción minera en el país, la extracción de oro en el periodo 2000-2010 (419,097 kg) duplica lo extraído durante el período colonial 1521-1830 (191,825 kg) En el caso de la plata en el periodo 1521-1830 se extrajeron 56.144 toneladas, mientras que en el periodo 2000-2010 fueron 33.465 toneladas, es decir que en 10 años se ha extraído casi la mitad que en 300 años de colonia española. (González 2011).

El territorio se ha privatizado vertiginosamente en las 3 décadas de neoliberalismo. La propiedad colectiva fue transformada en individual y los ejidos se parcelaron y perdieron creciendo las superficies del agronegocio, generalmente de monocultivo; y las mineras obtuvieron amplias extensiones en concesión:
“…los títulos de concesión minera expedidos en el periodo 2006-2010, comprenden un territorio que supera los 30 millones de hectáreas -cifra que equivale a poco más de 307 mil km2- y que representa en su conjunto una superficie mayor a la extensión territorial total del estado de Chihuahua, la cual asciende a 247,087 km2. Ahora bien, si se considera el periodo 2000-2010 se advierte que la superficie concesionada a las empresas mineras rebasa las 56 millones de hectáreas espacio que equivale a alrededor del 25% del territorio nacional continental”. (González Rodríguez, 2011: 8-9)

Obviamente dentro de la minería contemporánea los metales de uso industrial tienen también gran importancia. No obstante, los datos para oro y plata marcan una tendencia o una voracidad que se repite en muchos de los territorios mineros del mundo. Hay una especie de insaciabilidad o una enorme preocupación por sacar los recursos antes de que los pueblos reclamen su pertenencia, cosa que está ocurriendo en todos lados. México es hoy el primer productor de plata (USGS, 2011) y la extracción de oro de las empresas estadounidenses y canadienses en el país pasó de 30 mil kg en 2005 a 89 mil en 2011, con una proyección de 94 mil para el 2018 (USGS, 2012).

Pero lo realmente estratégico es la posesión del petróleo, que en el caso de México es un símbolo de soberanía desde el momento en que fue expropiado de manos de compañías extranjeras en 1938. Las cifras sobre reservas son engañosas. Sobre todo en los años recientes en que se ha estado intentando su privatización y se manejan los montos de acuerdo con los argumentos que justificarían la privatización.



En unos casos es mucho y hay que explotarlo para apuntalar el crecimiento de México; en otros casos es tan poquito que ya ni vale contarlo en los acervos patrimoniales de la Nación. La Secretaría de Energía (2012) lo calcula en 10 mil millones de barriles para enero de 2012, pero algunos estudiosos del tema calculan los yacimientos del Golfo de México que todavía no están en explotación, en 29 mil millones adicionales (Apodaca, 2013).

Desde los años noventa la presión por privatizar primero la producción de derivados, luego la explotación, la extracción y la exploración, han llevado a modificar la Constitución en varios momentos. El peor, en diciembre de 2013. Subrepticiamente se fue cambiando la definición de las actividades restringidas al estado por su carácter estratégico, pero el descontento fue subiendo de tono cuando se empezaron a otorgar contratos de servicios múltiples, con la trampa de que no había restricción del número de contratos que podía acumular un mismo proveedor.

Lo que no se permitió fue la extracción directa por parte del capital privado y menos aun su participación en la producción como se acaba de aprobar ahora.
Fue necesario vencer muchos obstáculos, entre los que destacan, por su importancia estratégica y simbólica, algunos que han quedado registrados como hitos en la historia de los tiempos contemporáneos:

1. Intentos de desaparecer o, por lo menos, fragilizar a la UNAM, principal espacio de pensamiento crítico del país, con el propósito de desactivar su potencialidad de intervención en la sociedad, de modificar los contenidos de la educación y los imaginarios colectivos, y de beneficiar los negocios privados con la privatización de la educación superior.

2. Un golpe muy significativo consistió en la colusión de todo el sistema político, sin distinción de adscripción ideológica, en contra de los Acuerdos de San Andrés resultado de la mesa de diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, construidos con la más amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad que se hubiera registrado en los últimos 50 años.

3. Socavamiento de las bases reales del sindicalismo mediante la extinción por decreto presidencial de la Compañía Luz y Fuerza del Centro donde se asentaba el sindicato con mayor y más larga tradición democrática, el único gran sindicato independiente todavía en activo. Esto implicó el despido de 44 mil trabajadores.

4. Embate frontal contra la fuerza de trabajo a través del control de salarios mínimos, la desregulación de las relaciones laborales, el desmantelamiento de la seguridad social, los sistemas de pensiones con el objeto de cumplir los objetivos de la flexibilización laboral y de paso alterar los sentidos sociales en torno a la universalidad de derechos. El último paso de esta política, consumado también en 2013 es la aprobación de una reforma laboral desprotectora del trabajo y que conculca todos los derechos reconocidos previamente.

5. Reforma educativa que lesiona los derechos laborales del magisterio y que introduce un control de calidad estandarizado sobre contenidos prefijados y homogeneizadores. Esta reforma ha sido acompañada de una desproporcionada campaña mediática de desprestigio y linchamiento en contra de los maestros.

6. Reformas antiterroristas al código penal y civil que en 2013 han transformado la inespecificidad de la categoría terrorista en una muy específica que focaliza en las protestas sociales. Se tipifica el terrorismo ampliando las sanciones a sus financiadores; se sancionan los ataques a bienes y servicios privados y no sólo públicos; y se le suprime un párrafo, esencial para proteger el derecho a la disidencia y la protesta social:

Las manifestaciones que realicen grupos de personas en ejercicio de sus derechos humanos y constitucionales, sin intención u objetivo de atentar contra bienes jurídicos de personas, tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda, no se considerarán terrorismo.

El PRI un régimen corrupto

Así es como se fue preparando el terreno para, en diciembre de 2013, en escasos 3 días hacer pasar una reforma energética que contradice la Constitución, los valores patrios y las consensos sociales de nuestro largo siglo XX.

El PRI, que más que un partido es un régimen, llegó a la conclusión del siglo XX asediado por el descrédito y el hartazgo por parte de la población que de manera generalizada lo percibe como corrupto y creador de toda una cultura política basada en el clientelismo, la compra de votos, la amenaza permanente sobre los contrincantes, o el abierto recurso del fraude electoral.

El sistema político en su conjunto, más allá de los teatros electorales, participa de esa cultura y es corresponsable de las reformas y golpes de disciplinamiento aplicados a la sociedad. Por unanimidad los partidos resolvieron en contra de los Acuerdos de San Andrés en 2001; por complicidad resolvieron por la reforma energética en 2013. La criminalización de la política se aplica lo mismo en gobiernos de “izquierda” que de “derecha” en todo el país, incluyendo la capital donde se ha aprobado un protocolo para el control de multitudes, que incluye el uso de la “fuerza letal” así como el recurrente despliegue de operativos policiacos que culminan siempre con arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza e incluso, personas gravemente heridas por la actuación de la policía.

Y sin embargo, se mueve escuela zapatista

Como resultado de la inédita situación de violencia que desborda al país, y de la transformación del estado de derecho en un estado de impunidad, han sido muchos y diferentes los esfuerzos en la sociedad por restablecer las condiciones de convivencia.

El país se ha convertido en un territorio en ebullición, con movimientos organizados que luchan por autonomía en ciertos territorios, contra la devastación minera, forestal, hidroeléctrica u otras, por la diversidad cultural y de sistemas y contenidos educativos, por la autodefensa en territorios amagados por la impunidad del crimen organizado y la complicidad de las fuerzas de seguridad del estado.



Los familiares de desaparecidos o asesinados se movilizan por su búsqueda y por castigo a los culpables. Hay grupos defensores de los migrantes que les dan auxilio a lo largo de sus rutas hacia Estados Unidos. Existe una variedad de iniciativas ciudadanas reclamando la vuelta del estado de derecho. Los estudiantes, con su característica intermitencia abren campos de lucha como los del movimiento Yo soy 132 o el de la ampliación del ingreso a las universidades.

Los impactos del proceso que hemos descrito son diversos. Más allá de los datos duros que dan cuenta de la destrucción y la muerte que se han vuelto elementos cotidianos para la población, existen modificaciones culturales y de horizonte de sentido para enormes porciones de la población. Esto es quizá más nítido para los jóvenes, para quienes la ausencia de perspectivas de futuro convierte al negocio de la muerte y el avasallamiento de los otros en la única “opción racional” y hasta deseable. Esto ha sido promovido por la apología de un estilo de vida basado en el individualismo y el consumo, en combinación con el desgarramiento del tejido social.

Los movimientos de autodefensa son armados, pero no son guerrillas. Se enfrentan a los grupos armados y protegidos del crimen organizado. Muchos otros movimientos no son armados, a pesar de que las guardias blancas de las mineras, entre otras, los acosan y los matan.

Frente a la inoculación de la sospecha y la delación como relación social y de la cultura del miedo como práctica cotidiana, la mexicana es una sociedad que se defiende, pero también que construye, que crea condiciones para un futuro distinto. Que defiende el maíz y recupera y recrea sus formas de cultivar, de curarse, de entender la vida. Una sociedad que reinventa sus prácticas comunitarias, sus procesos culturales y sus modos de generar la vida.

Una sociedad rodeada de muerte que se empeña en producir vida.

Notas:
[1] Sin considerar por lo pronto los avances en la ruta de colonizar otros planetas o astros del sistema solar, tarea en la que se están teniendo enormes avances al localizar rastros de agua en una de las lunas de Júpiter y en Marte.
[2] Se le ubica como el responsable de haber desmantelado a los cárteles de Medellín y Cali. Se le conoce por su capacidad para negociar con el narcotráfico, su cercanía con la DEA, su valiosa asesoría en el ámbito de la contrainsurgencia, violaciones a los derechos humanos y por su papel en la Operación Fénix consistente en el bombardeo al campamento de paz de las FARC en territorio ecuatoriano, misión por la cuál siendo policía fue, no obstante, nombrado general.
*  Texto publicado en la revista colombiana CEPA, Año IX, Volumen I, febrero-julio de 2014. Los autores son Integrantes del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Territorialidad, modos de vida y bifurcación sistémica (DGAPA-IN301012).

Fuente: El Grano de Arena – Info Nº 741
http://attac.info.blogspot.com


 
 

 


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